Es evidente que la legislación de protección a la libre competencia debe ser tan dinámica como lo es el mercado.
María Ester Paredes M.
Hace pocos días la Fiscalía Nacional Económica ( FNE) emitió un informe que analiza específicamente el mercado del Gas, que, como sabemos es uno de los combustibles de mayor incidencia económica en los hogares del país, industrias del rubro alimenticio y otra actividades.
La conclusión de la FNE establece que este mercado no está funcionando adecuadamente desde la perspectiva de la libre competencia y propone, al ejecutivo, soluciones para corregir lo observado en el informe.
Analizado el estudio, se puede observar que, al no tratarse de un mercado competitivo, en los niveles que la libre competencia internacional recomienda, se producen permanentes alzas de precios lo que, por cierto, perjudica a los consumidores.
Se trata de un mercado sometido al arbitrio de los distribuidores del producto, los que son muy pocos y que constituye un caldo de cultivo para propiciar acuerdos de coordinación sobre los precios, generando el efecto adverso que una buena gestión económica de la libre competencia debe evitar.
Las más altas autoridades de la FNE coinciden en que, de ajustarse la regulación de las normas, en este mercado específico, el efecto natural será la baja de los precios, con el consiguiente beneficio para los consumidores.
En cualquier mercado, al haber pocos competidores, el riesgo de conductas de coordinación de precios aumenta. Se pueden producir acuerdos ilícitos respecto de los territorios de distribución del producto, se pueden manipular las barreras de entrada de otros competidores y se puede favorecer la integración vertical entre distintos actores.
En consecuencia, si la autoridad no regula de forma clara y oportuna la competencia, se lamenta de forma posterior, la detección de la conducta y se cuestiona el por qué viene ocurriendo por demasiado tiempo, sin que nadie haya levantado las voces de alerta.
Es evidente que la legislación de protección a la libre competencia debe ser tan dinámica como lo es el mercado.
Debe ser, permanentemente abordada, para todo tipo de productos y servicios, especialmente aquellos que se reparten entre pocos competidores. Para que ello ocurra se debe dotar al organismo fiscalizador de las normas que le permitan realizar una gestión más dinámica, con facultades de reglamentar, modificando la forma de operación actual, que es solo a través de la recomendación al ejecutivo.
Si bien los estudios de la FNE son muy completos y muestran la realidad del mercado que se evalúa en cada uno de ellos, se necesita que dichos estudios tengan efectos reales y oportunos en relación con la debida protección del consumidor y al inversionista, de tal forma que, de no enfrentarnos o hacerlo de forma tardía genera desconfianza y afecta el crecimiento económico.
Hoy más que nunca es fundamental el rol del derecho de la libre competencia, con el fin de evitar conductas como abusos unilaterales, acuerdos entre competidores, colusiones u operaciones de concentración empresarial que afectan gravemente la imagen de la economía del país y produce impactos micro y macroeconómicos relevantes. Hay una correlación importante entre la eficiencia económica y la libre competencia, ambos elementos importantes de considerar para aumentar el crecimiento del país.