De acuerdo con datos recientes proporcionados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), durante el año 2021, el uso de las llamadas criptomonedas, con el propósito de blanquear capitales, aumentó en un 30%.
Javier Edwards R.
En nuestro país, donde vemos que el aumento de la criminalidad y actividades asociadas al narcotráfico se han disparado de manera alarmante, este es un tema que debería estar entre las prioridades de las autoridades financieras: Hacienda, Banco Central de Chile y Comisión para el Mercado Financiero.
Al contrario de lo que ocurre en Chile y la mayoría de los países de la región, en Europa, desde el año 1991 se han dictado hasta cinco Directivas por la Comisión Europea con el objeto de aumentar los mecanismos de control, aumentar facultades fiscalizadoras y endurecer las sanciones en esta materia. En otras palabras, buscando prevenir en lugar de reaccionar tardíamente, la UE ha puesto en marcha un ambicioso plan de acción contra el blanqueo de capitales, dentro del cual, el control de los criptoactivos ocupa unimportante lugar.
El blanqueo de capitales ha mostrado desde década su capacidad para adaptarse a los controles y evadirlos, generando importantes retrocesos en el control de una de las principales actividades a través de las cuales delincuencia y terrorismo generan su propio sistema de circulación del dinero, recurso con el que financian su industria delictual. Así, a las dificultades tradicionales, con la irrupción de los criptoactivos se suman nuevos desafíos de manera exponencial. Desreguladas, descentralizadas, con máxima liquidez y ubicuidad, las criptomonedas -sin regulación adecuadas- pueden convertirse en el paraíso perfecto para el lavado de activos y la financiación ilícita de actividades de la misma naturaleza.
El mercado de las criptomonedas ha tenido un crecimiento meteorico, cuya capitalización total, según determinadas estimaciones pudo alcanzar su máximo histórico el pasado mes de noviembre de 2021 con 2,6 billones de euros.
A diferencia de lo que suele ocurrir en materia legal, esto es, el derecho suele responder de modo reactivo a las nuevas realidades que se van presentando, dada la preocupante realidad del lavado de activos por vía de criptomonedas y la tecnología blockchain, en los países desarrollados parece existir una clara conciencia respecto de la necesidad de ser proactivos y anticiparse a los potenciales riesgos asociados a estas operaciones.
Así, el plan concebido tiene por objeto sentar las bases de un marco legal dirigido a reforzar la seguridad, en términos jurídicos, de las operaciones con criptoactivos así como la de las personas que los adquieren. Esta propuesta recibe el nombre de MiCA (Markets in Crypto-Assets), la que deberá consagrarse en un un Reglamento UE que refleje la necesidad de un nuevo derecho para un escenario tecnológico sobreviniente y de máximo dinamismo. Asimismo, se contempla la creación de una Autoridad Europea Anti-Blanqueo (AMLA, por sus siglas en inglés), que tendrá a su cargo la supervisión en toda la UE de operaciones en estos cripto-instrumentos y buscará asegurar la cooperación entre todas las Autoridades de Información Financiera de los Estados Miembros de la UE.
En este escenario, se vuelve imperativo que tanto en Chile, como el resto de los países de la región adoptemos una actitud similar y tomemos la decisión de regular preventivamente en lugar de esperar que el descontrol y masividad de este tipo de operaciones tenga impacto material adverso sobre nuestra economía, su sistema financiero y también el incremento aun mayor de la criminalidad financiera.