ASPECTOS RELEVANTES DE LA NUEVA LEY N°21.325 DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

Abril 30, 2022

En un mundo globalizado y con alta movilidad, Chile ha sido enfrentado una importante ola de inmigración en los últimos años, posicionándose como segundo país en la región con mayor porcentaje de población migrante (según cifras de la OIM). Dicha situación (entre otras) impulsó el Estado a reformar la Ley de Extranjería, vigente desde 1975, para promover los derechos, deberes y obligaciones de los extranjeros que han escogido a Chile como país de residencia.

Ann Bruggeman

 Tras 47 años de existencia, el Decreto Ley 1.094 de 1975 fue sustituido por la Ley N° 21.235, Nueva Ley de Migración y Extranjería, que se promulgó el 11 de abril de 2021 y entró en vigencia el 12 de febrero de 2022 (la “Nueva Ley”), con el fin de permitir una migración segura, regular y responsable.

Situación anterior

Uno de los aspectos más críticos de la gestión migratoria de nuestro país se refería a los largos tiempos de espera para la obtención de una visa sujeta a contrato, temporaria o definitiva, los  que podían superar los 18 meses.

Esto implicaba una situación muy precaria por el inmigrante, dado que, durante este periodo, (i) no contaba con la identificación necesaria para trabajar, y (ii) no podía desarrollar tareas administrativas y de vida básicas (tales como contratar un plan de celular o abrir una cuenta bancaria).

Por lo anterior, la Nueva Ley ha buscado modificar y mejorar este aspecto perjudicial en materia de otorgamiento de visas. Aun así, el nuevo texto genera situaciones que también resultan problemáticas.

Situación actual

El propósito de esta Nueva Ley es la prevención del ingreso irregular de extranjeros y, por lo tanto, promover una migración legal, ordenada y segura.

Sin embargo, dicha ley se enfrente a problemas prácticos que demuestran una dificultad para acceder a la regularidad, tales como:

  • Aplicabilidad de la Nueva Ley: en términos generales, no obstante la promulgación de la Nueva Ley, para la aplicación plena de la normativa es necesario esperar a que el Gobierno dicte los reglamentos y decretos supremos respectivos. Por ahora, solo adquieren vigencia las partes declarativas y las normas transitorias de la Nueva Ley, lo que provoca un “vacío legal” traducido en problemas prácticos en la aplicación de la ley.
  • Para evitar el “turismo laboral”, por regla general, todas las solicitudes deberán hacerse desde el extranjero, ello, a través de la plataforma online y eventualmente los Consulados chilenos, recibiendo la autorización y la documentación pertinente antes de ingresar al país. Es un cambio radical en la regulación, dado que antes se podían otorgar permisos de residencia luego de ingresar regularmente a Chile como Turista y encontrar empleo. Sin duda, en la medida que ello se aplique adecuadamente, esto limitará el acceso a nuestro país con fines laborales de forma drástica.
  • Eliminación de algunos visados especiales, tales como la VisaTech, la cual se otorgaba a profesionales del rubro tecnológico (IT) y representaba un “Fast Track” en la obtención de dicha visa, la que solo tomaba un mes para su otorgamiento. Si bien la intención actual sería reemplazar dicha visa por un nuevo “Fast Track Gerencial Estratégico” que aún tiene que ser aprobado por el Decreto Supremo de Subcategoría Migratoria. De esta manera y hasta que ello ocurra,  nos encontraremos en un “limbo” para los extranjeros que ya calificaron para entrar en el país bajo la VisaTech pero que por motivos ajenos a su voluntad no han logrado continuar la tramitación.

Conclusión

Sin duda, los cambios legales creran herramientas para controlar procesos migratorios descontrolados y otorgan beneficios al buscar evitar que los extranjeros interesados en permanecer en el país deban esperar meses en territorio chileno sin documentación. Dicho lo anterior, también es necesario destacar que la Nueva Ley dificulta el ingreso para una mayoría de migrantes – principalmente provenientes de Venezuela (30,7%), Perú (16,3%), Haití (12,5%), Colombia (11,4%), Bolivia (8,5%) y Argentina (6,2%) -según cifras del INE en 2021- que no cuentan con una calificación profesional o con vínculos que les permitan acceder a una oferta de trabajo desde el extranjero.

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